León XIII, en este contexto, se va a mostrar muy crítico con las concepciones liberal y socialista. Y entenderá que la solución de los problemas sociales debe contar con el papel del Estado, el cual debe actuar directamente sobre la economía con funciones tales como cooperar en la prosperidad de la sociedad y de los grupos, promover la justicia distributiva, y garantizar los derechos de todos, especialmente de los más débiles. En su dimensión económica el Estado debe emplearse en asegurar la propiedad privada y cobrar moderadamente tributos, y en ordenar rigurosamente la huelga, que perjudica a obreros y patronos. El Estado debe apoyar a los obreros, atendiendo a sus exigencias y procurando la dignidad del trabajo.

En este contexto de regímenes autoritarios, Pío XI publica la Quadragesimo anno y proclamara el importantísimo principio de subsidiariedad, en que debe encuadrarse la acción estatal en el orden económico. A su vez, lazan una propuesta de reforma del orden social que debe instaurar una economía dirigida según el principio de justicia social. La economía, por tanto, esta regulada y dirigida a un fin ético, el cual será origen del Estado social.

Entre el Estado y los individuos Pío XI establece un puente en las asociaciones. Debe superarse el modelo de sociedad basado en las clases sociales y cimentarse sobre las profesiones, encuadrando a patronos y obreros. Frente al Estado hay que dar capacidad y libertad a las asociaciones, es decir, la sociedad corporativa. Al Estado le corresponderá en el ámbito económico dirigir, vigilar, urgir y castigar.

Después de la Segunda Guerra Mundial, fracasado el experimento fascista y muy debilitado el capitalismo, Pío XII será el encargado de clarificar el papel del Estado en la economía. Se muestra partidario de un régimen democrático y un sistema económico de libre empresa. Se opone a los abusos del capital privado y rechaza la excesiva intervención del Estado.

En la post-guerra los Estados occidentales van a desplegar una profunda transformación del capitalismo, mediante una progresiva intervención estatal, dando lugar a un nuevo modelo de Estado, que orienta la vida económica mediante leyes y programas (intervensionismo) y garantiza un mínimo de bienestar para todos cubriendo las necesidades básicas en sanidad, seguridad social, educación y vivienda (estado providencia).

El Concilio Vaticano II se desenvolverá en medio de esta concepción y afirmará que el Estado debe actuar al servicio del bien común creando condiciones que favorezcan su desarrollo pleno, pero sin coartar la libre iniciativa. Según el Concilio corresponde al Estado las funciones de fomentar, estimular, ordenar y suplir a la iniciativa privada, reducir diferencias entre sectores económicos y regiones, corregir las perturbaciones espontáneas de la economía, y combatir el paro.

La Populorum Progressio ha expuesto con toda claridad la necesidad de que el poder público intervenga ante el subdesarrollo. El desarrollo al que se debe aspirar ha de ser integral y solidario y no estar apoyado solamente en el lucro o el progreso económico. En los países desarrollados se debe animar, estimular, coordinar, suplir e integrar la acción de los individuos y de los grupos sociales, en orden a un crecimiento económico y a la mejor distribución de los bienes. Por su parte, los pueblos ricos deben sentirse responsables del subdesarrollo de los pobres y deben actuar de manera subsidiaria de las organizaciones internacionales, ayudando con una parte de su producción, formando un fondo mundial restado de los gastos de armamentos y revisando los mecanismos del comercio internacional justo y equitativo.

A partir de los años 70 del pasado siglo se evidencia una crisis del Estado de bienestar ocasionada por una serie de problemas derivados de la intervención estatal: incremento del gasto público y déficit presupuestario, política económica proteccionista y asistencialista, burocratización administrativa y monopolio en la gestión del estado, incremento de la imposición fiscal por encima del crecimiento económico, crisis de la solidaridad al quedar ésta atomizada y reducida al individuo.

Aunque ya la Laborem exercens se somete ya a revisión al Estado del bienestar, será en la Centesimus annus donde se haga un análisis más exhaustivo. El Estado de bienestar ha erradicado muchas formas de pobreza, pero ha ocasionado también problemas, puesto que la excesiva intervención estatal ha disuadido la responsabilidad de muchos agentes sociales, no se ha aplicado el principio de subsidiariedad y han aflorado muchos defectos del Estado asistencial.

Del mismo modo, a partir de los años 80 se percibió la crisis del sistema colectivista del Este de Europa, que manifestaba una ineficacia económica y una violación del derecho de iniciativa económica.

Las crisis del colectivismo y del Estado de bienestar han inducido al planteamiento de un nuevo papel de la intervención estatal en la economía. Se trataría del llevar el Estado social a un modelo de Sociedad de bienestar; esto implica los siguientes objetivos:

• Intervención del poder público supeditada al bien común y al trabajo libre, a la libertad de empresa y a la participación.

• Armonización y dirección del desarrollo.

• Impedimento de las situaciones de monopolio.

• Creación de un clima moral favorable a la seguridad, al trabajo bien hecho y al desenvolvimiento de la actividad económica con reparto de los frutos del trabajo y estímulo de la honradez y eficiencia.

• Vigilancia del ejercicio de los derechos humanos en el sector económico.

• Intervención del Estado subsidiariamente, supliendo las omisiones del mercado.

• Colocación de la persona como eje de la actividad económica, fomentando la dimensión subjetiva y su apertura a la trascendencia, y revalorizando la iniciativa de los cuerpos sociales.

• Promoción de una ética pública orientada a la solidaridad de la sociedad.

• Incremento de la participación social más allá de la estricta participación política.